Educación: Los padres, las instituciones privadas y el Estado

Por Prof. Alexander Torres Mega

Un rasgo característico de los países verdaderamente libres es el reconocer y otorgar garantías a la libre iniciativa de los particulares en materia educativa y, por tanto, asegurar el funcionamiento de instituciones privadas de enseñanza en todos los niveles. Es más: los estados democráticos las estimulan porque reconocen la fecundidad propia de la libre iniciativa y, únicamente actúan en forma subsidiaria o supletoria para atender posibles carencias o evitar eventuales perjuicios.

En las antípodas del mundo libre se ubican los regímenes socialistas, idólatras del Estado, que impusieron el monopolio de éste en materia educativa y cultural. Es el estigma de esos desgraciados países que impidieron toda forma de iniciativa privada y sometieron la educación a las directivas de los respectivos partidos marxistas. En esos estados negadores de libertades y derechos, educadores y educandos fueron convertidos en instrumentos al servicio del único partido existente.

En los estados democráticos se garantizan los principios de libertad de enseñanza y de subsidiariedad y, en consecuencia, se rechaza toda concepción ideológica que -como la marxileninista- propugne la imposición del monopolio estatal en educación.

En suma, digámoslo clara y terminantemente, el principio fundamental que debe regir en materia educacional es el de la libertad de los particulares mientras que al Estado le corresponde cumplir una función subsidiaria o supletoria.

Así lo establece nuestro derecho positivo afiliándose a una concepción del derecho natural como preexistente a la voluntad del estado, anterior y superior a él. Nuestra constitución garantiza la libertad de enseñanza. Reconoce el derecho a elegir libremente la educación que se prefiera y limita estrictamente la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos.

En contraposición a esa libertad, los partidarios de la escuela estatal única son, simultáneamente, defensores de regímenes de partido único y de la conversión del Estado en único propietario y único empleador.

En nuestro medio, la intensa propaganda marxista -que apunta con énfasis al campo educacional- ataca injustamente el derecho de propiedad y toda forma de iniciativa particular.

La abolición de la propiedad pretendida por los marxistas supone la negación de la misma libertad del hombre, en la cual reposa y tiene origen el derecho inviolable a la propiedad particular.

Marxistas y filo marxistas -conforme a la estatolatría que padecen- son contrarios a la existencia de establecimientos privados de educación. Sin perjuicio de ello, procuran infiltrarse en ellos con fines de sutil proselitismo. Ellos aspiran al sometimiento de los alumnos a una única y total enseñanza oficial, uniformizadora en el dogma marxista mediante un igualitarismo masificante en la formación ideológica. Pretenden estudiantes robotizados por el estado omnipoten­te y omnipresente como forma de asegurarse instrumentos sumisos a sus directivas.

Los institutos privados de educación NO están a salvo de la penetración ideológica marxista, sea encubierta o desembozada. Pero, como con toda razón se ha sostenido, cuando se ofrece un servicio o un producto en un mercado libre, los potenciales usua­rios o consumidores tienen el derecho a ser correctamente informados. Esa información no debe ser retaceada o burlada y es legítimo que el Estado intervenga para asegurar la veracidad de esa información, manteniendo -de esa manera- el orden público. Por ejemplo, algunos establecimientos religiosos de educación, buscando atraer consumidores, ofrecen deter­minado modelo educativo que luego resulta deformado. Ello ocurre cuando un instituto proclama -hasta en la misma denomina­ción que adopta- su adhesión a un determinado credo religioso, el cual supone rechazar toda concepción atea y materialista “intrínsecamente perversa” como la marxista y, sin embargo, contrata docentes afiliados al materialismo ateo y liberticida con las consecuencias obvias que ello supone. De ese modo se traiciona la libertad de elección.

Padres: primeros educadores

La enseñanza debe ubicarse en un sistema de libertad al alcance de todos, con reales posibilidades de libre elección sin determinismos económicos.

La libertad es un derecho inherente a la persona y la educación constituye un derecho-deber de los padres, primeros educadores naturales, encargados de custodiar la orientación que se imprima a la enseñanza de sus hijos. Ellos tienen que poder elegir libremente los institutos (públicos o privados) que deseen para educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones filosóficas, ideológicas, religiosas, etc. Se debe rechazar, por tanto, toda imposición de un modelo educativo estatal único que elimine la libre elección de concepciones educativas.

El estado debe respetar la actividad privada en materia educativa e intervenir con mucha prudencia en ella. La monopolización estatal en lo cultural lesiona libertades básicas y derechos naturales. Las libertades de opinión, de cátedra y de asociación son pisoteadas cuando el Estado se erige en único educador. El sano pluralismo ideológico desaparece cuando la educación estatal es la única que existe.

Los estados que impiden la libre iniciativa privada en la enseñanza monopolizan la instrucción y logran la deformación filosófica sin tolerar cuestionamientos a sus dogmas. Así, en los regímenes totalitarios la orientación materialista, atea, masificante y liberticida se ha impuesto sin discusión. Las concepciones espiritualistas han sido ignoradas o despreciadas mientras procuran que la doctrina marxista, antinatural e injusta, se apoderara de las almas.