Por Carlos Tórtora para el Informador Público
La derrota electoral del 28-j certificó el proceso, iniciado un año antes, del divorcio entre el kirchnerismo y la sociedad. Es probable que la dificultad cada vez mayor para generar consenso haya llevado a Néstor Kirchner a la convicción de que, para retener el poder en el 2011, debía cambiar de estrategia. Por ejemplo, demostrando que un triunfo de la oposición -y sobre todo de la UCR- llevaría al país a la ingobernabilidad. Esto atemorizaría al electorado, obligándolo a elegir entre Kirchner y el caos. El instrumento elegido para este plan fue Hugo Moyano, encumbrado como el hombre fuerte del régimen a los pocos meses del 28-j, justamente cuando el kirchnerismo empezaba a perder el control del Congreso y la justicia daba fuertes señales de independencia. Los discursos amenazantes del camionero, los bloqueos a empresas, el avance sobre otros gremios y sobre los municipios bonaerenses crearon un clima intimidatorio. La nueva estrategia de Kirchner coincide bastante con la definición de terrorismo de Estado. O sea, “la utilización, por parte de un Gobierno, de métodos ilegítimos orientados a inducir el miedo dentro de una población civil determinada para alcanzar sus objetivos sociales, políticos o militares, o fomentar comportamientos que no se producirían”. La amenaza de “sacar los pibes a la calle” en el caso de que Julio Cobos sea electo presidente es un verdadero acto de terrorismo de Estado, porque si bien Moyano no es un funcionario, es el jefe de la institución paraestatal más poderosa, la CGT, aparte de presidente del PJ bonaerense y vicepresidente segundo del PJ nacional. Sus palabras dicen, elípticamente, que se prepara para voltear a la oposición si ésta gana las elecciones.
El acto masivo en River el 15 de este mes redondeaba la imagen que Kirchner quería transmitir a la sociedad: el peronismo estaba en manos del aparato sindical y éste se disponía a defender la continuidad del gobierno con todos los medios a su disposición. De paso, este plan venía como anillo al dedo para presionar a los grupos empresarios que se habían rebelado negándose a participar de la circense denuncia contra Papel Prensa que CFK ensayó en la Casa Rosada el 24 de agosto pasado.
¿Lesa humanidad?
En líneas generales se puede decir que este plan funcionaba bastante bien hasta el asesinato de Mariano Ferreyra. Este crimen descoloca al gobierno tal vez como ningún otro hecho desde el 2003, porque lo ubica en el rol de victimario, del cual le será muy difícil salir. Desde que asumió Kirchner la presidencia, el gobierno instauró el desorden público, dejando que los piqueteros y los sindicalistas cortaran a su antojo las calles y las rutas, con la consigna de que no se debía criminalizar la protesta social. O sea, que cualquier cosa era preferible antes que reprimir o aplicar la ley. La muerte de Ferreyra invirtió los términos, pasándose de la no criminalización de la protesta al crimen para reprimir la protesta.
Todo indica que el militante del PO fue asesinado por un grupo paraestatal que gozaba de protección del gobierno y tal vez de una zona liberada. José Pedraza se encuentra estrechamente ligado al gobierno, con el cual comparte, entre otras cosas, la explotación del Belgrano Cargas, en un consorcio donde figuran Hugo Moyano, Julio De Vido y Franco Macri. Las características especiales de este asesinato nos permiten preguntarnos si no nos aproximamos a un delito de lesa humanidad. En su dictamen en el caso de Bruno Alves, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, sostuvo dos requisitos para que exista un delito de lesa humanidad: que se haya realizado de conformidad con una política de Estado o por una organización que ejerza sobre un determinado territorio un poder similar al del Estado y que sea parte de un ataque generalizado o sistemático. La primera parte parece cumplirse, porque las patotas sindicales, en su territorio, ejercen un poder similar al del Estado. En cuanto al ataque generalizado y sistemático, habría que ver otros antecedentes de ataques a grupos que no responden a las conducciones sindicales. Sin duda alguna que agresiones como la que terminó con la vida de Ferreyra no son cosa de todos los días, al menos por ahora. De lo que no hay duda es de que este homicidio está bastante lejos de ser un crimen común.
¿Y ahora qué?
El plan de Kirchner de aterrorizar a la población para ganar las elecciones empieza ahora a correr serios riesgos. Cada uno a su estilo, Julio Cobos y Mauricio Macri advirtieron que la cruzada contra Moyano puede ser una excelente bandera electoral, cuando la opinión pública está empezando a demonizarlo. Si esta tendencia se profundiza, el camionero puede llegar a ser, en poco tiempo más, un lastre que hunda a los Kirchner en las encuestas. De ser así, es probable que en Olivos haya que barajar y dar de nuevo.
Carlos Tórtora
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Alma de pie de gallo
Símbolo de la esperanza
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